Protocolo de intervención para fuerzas de seguridad

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) colaboró con una serie de aportes al protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, referido al criterio de intervención de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad a fin de preservar la seguridad psíquica y física de las personas con presunto padecimiento mental o en situación de uso problemático de drogas que constituyan un riesgo de daño físico para sí o para terceros.

Aprobado ya por la cartera de Seguridad, el delegado rionegrino del INADI, Julio Accavallo, envió estas pautas al Ministerio de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad de la provincia de Río Negro.

“Este protocolo recoge la normativa internacional en materia de Derechos Humanos y los recientes avances legislativos en Argentina en lo que hace al reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho y brinda herramientas muy concretas a la hora de intervenir, por esto entendimos necesario enviarlo a los funcionarios para que analicen la posibilidad de que el protocolo sea adoptado por la policía rionegrina”, explicó Accavallo.

Según el documento, las personas con presunto padecimiento mental o con uso problemático de drogas tienen derecho a la asistencia médica de forma inmediata, a asistencia legal, psicológica y material en caso de corresponder, desde el primer momento en que fueran abordadas.

“La obligación del personal perteneciente a los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad es tratar a estas personas con absoluto respeto por sus derechos y garantías constitucionales. Deben preservar su salud e integridad, tratando de ponerse en contacto con algún familiar o persona allegada y servicio de asistencia en salud para luego realizar las derivaciones correspondientes al centro de salud más cercano”, señaló Accavallo.

De acuerdo al protocolo, siempre debe solicitarse la asistencia médica inmediata y en caso de generarse una situación conflictiva, el personal policial debe agotar todos los recursos para garantizar la resolución del conflicto, priorizando instancias de diálogo y negociación. En este sentido, las medidas de fuerza deben ser consideradas como el último recurso cuando ya se hayan intentado previamente otras estrategias disuasivas.

“Tender un puente de diálogo en muchas oportunidades puede contribuir al apaciguamiento de la situación. Teniendo en cuenta que las personas afectadas por sustancias pueden experimentar niveles considerables de ansiedad, puede suceder que el encuentro con personal policial produzca un incremento de la sintomatología y un escalamiento en los niveles de agresividad. Por tal motivo, se recomienda un estilo de comunicación calmo, claro, firme y seguro, desalentando el uso de un estilo agresivo, amenazante o confrontativo”, explicó la psicóloga de la delegación del INADI, Roxana Amendolaro.