Capacitación a trabajadores penitenciarios

A pedido de los trabajadores del Penal 3 de Bariloche, se llevó a cabo la capacitación “Educación Inclusiva para Trabajadores Penitenciarios” en la sala de sesiones del Concejo Municipal. El encuentro estuvo a cargo de Daniel Coso y Andrea Majul, de la Coordinación de Políticas Educativas y Formación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

La actividad que abarcó dos jornadas estuvo dirigida a docentes y personal penitenciario y se apuntó a promover y difundir la igualdad y la no discriminación en el acceso a la educación de las personas privadas de libertad.

“Esta semana estuvimos con una capacitación similar en Cipolletti. Creemos que es muy importante generar estos espacios de reflexión sobre la tarea docente, sabiendo que en estos casos se trabaja en un contexto muy difícil, con mucha tensión y más aún teniendo en cuenta el estado de los penales de la provincia que hace que la tarea sea más compleja”, destacó el delegado rionegrino del INADI, Julio Accavallo.

En el año 2003, se creó el Programa Nacional Educación en Establecimientos Penitenciarios y de Minoridad a fin de instalar el tema de la educación para las personas privadas de libertad en las agendas políticas nacionales, provinciales e internacionales. Tres años después, la Ley de Educación Nacional incorporó la atención de las personas en contextos de privación de libertad como una modalidad del sistema educativo.

En Argentina, existen en total 50 mil internos alojados en 166 unidades penitenciarias provinciales y 30 dependientes del Servicio Penitenciario Federal. Según datos de la Estadística Penitenciaria Nacional realizada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en el año 2002, el 34 por ciento de los internos tiene el nivel primario incompleto o ningún nivel de instrucción (más de 15 mil personas). Y si bien en todas las unidades penitenciarias se ofrece Educación General Básica, sólo el 17 por ciento de la población efectiviza sus estudios en las mismas.

En relación al nivel medio, el 60 por ciento se encontraría en condiciones de cursar este nivel (26538 personas); sin embargo, sólo el 20 por ciento de las unidades penitenciarias tiene centros con esa oferta educativa. La oferta más difundida es la de cursos breves de Formación Profesional; mientras que la oferta de educación superior no universitaria o universitaria es muy escasa y se centraliza en algunas jurisdicciones.

“Lo que se pretende desde el Ministerio de Educación y el INADI es apoyar y fortalecer el trabajo de los docentes que se desempeñan en cárceles ya que los internos tienen el derecho a recibir educación y a su vez esto contribuye a su reinserción en la sociedad. Asimismo la extensión del servicio educativo aporta a reducir el índice de reincidencia teniendo en cuenta que de acuerdo con los datos estadísticos de la Organización de Estados Americanos, el 90 por ciento de los reincidentes no asistió a los programas educativos en cárceles”, aportó Accavallo.