Mediación para frenar el desalojo de Valle Hermoso

 

Gente alrededor de una mesa comiendo en una olla popular

El 24 de septiembre la delegada en Catamarca del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), María Luisa Moreno, visitó  el asentamiento Valle Hermoso, tras haber tomado conocimiento sobre el violento desalojo que vivieran las familias que residen allí a manos de la fuerza pública, expulsando violentamente a niños, niñas, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

La delegada Moreno, entendiendo que el INADI es uno de los organismos del Estado que debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas, tomó contacto con el concejal Carlos Álvarez del circuito ocho y nueve a los cuales pertenece el asentamiento, y se dirigieron a la fiscalía donde fueron atendidos por el fiscal, Javier Herrera, quien aconsejo que los damnificados realizaran una presentación particular, para conocer cada situación de las familias asentadas allí, ya que algunas llevan doce años residiendo en Valle Hermoso.

Asimismo, la delegada tomó contacto con el secretario de Estado de Vivienda y Desarrollo Urbano, Fidel Sáenz, quien se mostró sensibilizado por la situación y se comprometió a brindar una contención a las familias expulsadas, también lo hizo con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Barros, y el jefe de la Policía de la provincia Orlando Antonio Quevedo para solicitarles pronta intervención en la situación. .

Por otro lado, Moreno también tomó contacto con la subsecretaria de Niñez, Familia y Adolescencia María Losso y con los abogados Vergara y Barrientos, representantes de las familias afectadas, quienes a su vez, realizaron presentaciones judiciales solicitando que se deje sin efecto la medida, las que finalmente prosperaron el 26 de septiembre.

El INADI entiende que el desalojo se produce por una orden judicial basada en una ocupación ilegal, no en un acto de discriminación, sin embargo la situación cambia cuando se produce el desalojo de forma violenta, desconociendo la situación particular de cada familia, vulnerando aún más sus derechos, dejándolos en una situación total de abandono.

Es deber del Estado Provincial y Nacional, garantizar el Estado de derecho de todas las personas, por este motivo el INADI medió para que funcionarios y actores sociales a quien les correspondía, cumplieran con sus funciones.