Tucumán adhirió a la Ley Nacional de Salud Mental

El pasado viernes 17 de octubre la Honorable Legislatura de la provincia aprobó por unanimidad el proyecto de adhesión provincial a la Ley Nacional de Salud Mental (Ley número 26657). El proyecto fue presentado por la legisladora Beatriz Bordinaro de Peluffo , los legisladores Regino Racedo, Jesús Salim y Ramiro González Navarro acompañado por el delegado del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Tucumán, Gustavo Diaz Fernandez.

El delegado del INADI en la provincia junto a el legislador González Navarro, la filial Tucumán de Madres de Plaza de Mayo y la delegación Tafí Viejo de Derechos Humanos, con el apoyo de la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich, generaron espacios de trabajo, bajo la modalidad de conversatorios, previos a la adhesión de la Ley número 26657. Las reuniones contaron con la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales, colegio de profesionales, servicios de salud mental y adicciones públicos y privados, familiares y usuarios de estos servicios.

En el intercambio de experiencias realizado a lo largo de las mencionadas reuniones,  se debatió sobre la importancia que existía en presentar el proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Salud Mental en la provincia,  ya que plantea un nuevo paradigma e incluye a diversos sectores de la sociedad. En este sentido, implica adherir a una nueva ley que de cuenta de este cambio de paradigma, que pasa de entender a la persona con discapacidad y enfermedad mental como objeto de asistencia a sujeto de derechos,  reconoce la autonomía de las personas con padecimiento mental y su capacidad de decidir sobre lo que le acontece y desea, estableciendo la no discriminación de las personas por su situación de padecimiento mental.

El proyecto prevé: la adhesión de la provincia de Tucumán a la Ley 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental y su Decreto Reglamentario 603/2013.

Designa al Ministerio de Salud Pública a través del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) como Autoridad de Aplicación de Ley.

La  implementación del Órgano de Revisión Provincial en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, con el objeto de promover el resguardo de los derechos de las personas internadas y de todas aquellas sometidas a procesos judiciales por cuestiones de salud mental y adicciones; prevé su composición según parámetros de la Ley 26657, y lo faculta a la creación de un Registro de Instituciones de Servicios de Salud Mental y adicciones previamente habilitados por el Siprosa.

La creación del Consejo Consultivo de Salud Mental y Consumos Problemáticos de carácter honorario, integrado por organizaciones de la comunidad, convocadas por la autoridad de aplicación.

La derogación de la Ley Provincial 7881

Faculta a la autoridad de aplicación a realizar monitoreos periódicos sobre servicios de salud los tres los subsectores a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental en lo relativo a las prestaciones de servicios asistenciales integrales.

Prevé la elaboración por parte del Ministerio de Salud Pública de un Plan Provincial de Salud Mental  participativo,  interdisciplinario e intersectorial, con el asesoramiento del Órgano de Revisión Provincial y bajo los parámetros de la Ley Nacional de Salud Mental.

Prevé que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga que desarrollan sus actividades en la Provincia, deberán incluir en su menú de prestaciones los servicios garantizados y autorizados por la presente ley.

“Desde el INADI reafirmamos nuestro compromiso de continuar promoviendo  el acceso a la salud en condiciones de igualdad y no discriminación de todas las personas, con especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, la adhesión a la Ley Nacional de Salud Mental, se presenta como un avance significativo en el reconocimiento de las personas usuarias de los servicios de salud mental como sujetos de derecho. Tal como plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la adhesión de la provincia de Tucumán, se suma a otros avances legislativos y de políticas públicas recientes que apuntan a construir un país cada vez más igualitario, justo e inclusivo, agregó Diaz Fernandez, titular del INADI en Tucumán.